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La Asamblea Legislativa aprueba un «presupuesto reducido» y medidas legislativas para hacer frente a la COVID-19

El lunes, la Asamblea Legislativa de Arizona concluyó sus trabajos para aprobar el presupuesto del ejercicio fiscal y suspendió sus sesiones hasta el 13 de abril.

Salvo algunas excepciones, el presupuesto «reducido» elimina la financiación puntual y aumenta el gasto en ámbitos que requieren ajustes anuales, como la educación primaria y secundaria y el programa AHCCCS. El presupuesto también sigue aplicando gradualmente los aumentos salariales del 20 % para el profesorado y restablece las ayudas adicionales para los distritos y los colegios concertados en el ámbito de la educación primaria y secundaria.

La inversión en la renovación de los edificios de las escuelas del distrito ha aumentado en 119 millones de dólares, de los cuales 28 millones corresponden a fondos complementarios para el presente ejercicio fiscal.

Mediante los fondos de la Subvención Federal en Bloque para el Cuidado Infantil, el presupuesto destina fondos a subsidios para el cuidado infantil de 3.000 niños más y aumenta las tarifas para los proveedores de cuidado infantil con calificaciones de calidad de 3 a 5 estrellas.

El presupuesto mínimo omite varias de las prioridades de la CAA en materia de infancia y familias:

  • Restablecer las ayudas a los abuelos y otros familiares que se hacen cargo de los niños cuando los padres no pueden hacerlo
  • Aumentar las tasas de reembolso de las ayudas por guardería para todos los proveedores de servicios de guardería, con el fin de ayudar a los padres que trabajan y que deben hacer frente a elevados gastos de su propio bolsillo
  • Ofrecemos atención dental integral a las mujeres embarazadas beneficiarias de Medicaid/AHCCCS

En respuesta a la evolución de la situación en torno a la COVID-19, la Asamblea Legislativa autorizó 50 millones de dólares para su ingreso en el nuevo Fondo de Contingencia y Red de Seguridad. Estos fondos solo podrán gastarse después de que el gobernador declare el estado de emergencia. Estos fondos se destinan exclusivamente a ayudas a la vivienda, incluida la prevención de desahucios y ejecuciones hipotecarias; servicios para personas sin hogar, incluyendo alojamiento, ropa, comida y transporte; el funcionamiento de bancos de alimentos; y ayudas a empresas con menos de 50 empleados, proveedores de atención sanitaria y organizaciones sin ánimo de lucro.

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