Arizona está a punto de poner fin al embargo de las prestaciones que se deben a los niños en acogida
Arizona es uno de los cada vez más numerosos estados que están estudiando propuestas para prohibir que los organismos de protección infantil retengan las prestaciones federales de los niños en acogida. A nivel nacional y en Arizona, aproximadamente el 5 % de todos los niños y jóvenes en acogida tienen derecho a prestaciones por discapacidad y de supervivencia de la Administración del Seguro Social. Tienen derecho a estas prestaciones porque tienen una discapacidad o han perdido a sus padres. Pero la mayoría de los niños en acogida nunca ven estos beneficios, ni siquiera saben que los están recibiendo. Esto se debe a que el Departamento de Seguridad Infantil de Arizona (DCS) intercepta los fondos y los destina a sufragar los costes de la propia acogida del niño. Esta práctica de larga data, conocida como «benefits mining» (aprovechamiento de prestaciones), ha sido objeto de escrutinio tras una investigación realizada en 2021 por The Marshall Project y la National Public Radio. La investigación estimó que solo en 2018, las agencias de bienestar infantil de todo Estados Unidos confiscaron 165 millones de dólares que se adeudaban a los niños en acogida y utilizaron el dinero para sufragar los costes de su acogida. Durante el año fiscal 2022 del estado de Arizona, el DCS confiscó una media de 764 dólares al mes a casi 700 niños en acogida, lo que supuso unos ingresos totales de 6,25 millones de dólares.
Actualmente se está tramitando en la Asamblea Legislativa del estado un proyecto de ley destinado a poner fin a la práctica de la «explotación de prestaciones» en Arizona. El proyecto de ley 2559 de la Cámara de Representantes (Montenegro) impedirá que el DCS utilice las prestaciones federales de los menores para sufragar el coste de su propia atención mientras se encuentren bajo la custodia del DCS, y exigirá que dichas prestaciones se contabilicen, protejan y ahorren para el uso de los propios menores cuando salgan del sistema de acogida. El destino del proyecto de ley 2559 dependerá de si supera las negociaciones presupuestarias estatales, ya que se necesitará una asignación del Fondo General para compensar los fondos que perderá el DCS.
Aunque los fondos que el DCS «obtiene» de los niños en acogida representan solo una pequeña parte del presupuesto de la agencia, para un niño que ha pasado por el sistema de acogida suponen la posibilidad de pagarse la universidad, un coche, una casa o incluso la comida y otras necesidades básicas. Para un joven que quizá no cuente con otra red de seguridad tras salir del sistema de acogida al cumplir la mayoría de edad, estos fondos pueden marcar la diferencia entre sobrevivir y prosperar.
Más información
- Consulta la ficha informativa de la CAA sobre la HB 2559
- Lee la investigación de The Marshall Project y NPR
