Hemos presentado una demanda para garantizar la salud de los niños en la escuela

Si los presupuestos estatales son un reflejo de los valores de nuestro gobierno, el presupuesto estatal de este año es un reflejo aterrador. En plena pandemia, que ha devastado comunidades y ha dejado a más de 113 000 niños estadounidenses sin uno de sus padres o sin un abuelo con la custodia, la Asamblea Legislativa no ha realizado ninguna inversión significativa en asistencia sanitaria.

En cambio, los legisladores intentaron privar a las escuelas y a los gobiernos locales de la capacidad de mitigar la propagación de la COVID-19. Mediante un proceso presupuestario sin precedentes —y inconstitucional—, los legisladores prohibieron a las escuelas públicas exigir el uso de mascarillas o la vacunación contra la COVID-19. Esta disposición no se aplica a las escuelas privadas. Esto agravará inevitablemente el impacto desproporcionado de la pandemia sobre los habitantes de Arizona con bajos ingresos y de raza negra, indígenas y de otras etnias.

Además, la Asamblea Legislativa utilizó el presupuesto para impedir que las ciudades y los municipios crearan «pasaportes» de vacunación contra la COVID-19, exigieran a las empresas que solicitaran pruebas de vacunación o impusieran la obligación de llevar mascarilla. También prohíbe otras medidas de contención, como los confinamientos o los toques de queda.

Hemos perdido a demasiados arizonenses a causa de esta terrible pandemia, y demasiados niños han perdido a sus familias. El presupuesto estatal hace caso omiso tanto de la ciencia como del carácter sagrado de la vida humana. Por eso, el jueves pasado, Children’s Action Alliance se unió a defensores de la educación, padres y médicos para llevar al estado de Arizona ante los tribunales.

Tenemos mucho trabajo por delante y necesitamos tu ayuda. Por favor, haz una donación para apoyar esta acción judicial.

ANTECEDENTES:

El proceso presupuestario de Arizona nunca ha sido del todo transparente. El conjunto de proyectos de ley que conforman el presupuesto se elabora a puerta cerrada y se somete a votación, a menudo en plena noche, con una participación pública muy limitada.

El proceso de este año fue aún más confuso de lo habitual. En una sesión maratoniana de 171 días, la Asamblea Legislativa del estado aprobó el presupuesto alrededor de las 17:00 horas del 30 de junio, evitando por los pelos el cierre del Gobierno que se habría producido a medianoche del 1 de julio. El presupuesto se aprobó siguiendo las líneas partidistas, con los republicanos manteniendo una mayoría de un solo voto tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado estatal.

El presupuesto estatal se compone de varios proyectos de ley que describen cómo gastará el estado los fondos durante el próximo ejercicio fiscal. El proyecto de ley «principal» establece los gastos, mientras que los proyectos de ley de reconciliación presupuestaria («BRB») específicos para cada tema proporcionan el contexto y los cambios normativos necesarios para gastar los fondos según lo previsto.

Según la Constitución del Estado de Arizona, los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa estatal deben superar la prueba del «tema único», lo que significa que el proyecto debe referirse a un tema concreto. Además, el contenido del proyecto debe reflejarse en su título.

Sin embargo, los proyectos de ley presupuestarios de este año no cumplen estos requisitos. En lugar de limitarse a describir los procesos presupuestarios, la Asamblea Legislativa ha introducido cambios normativos significativos que no guardan relación con los BRB en los que se incluyen. Muchos de estos cambios formaban parte de proyectos de ley independientes que, por sí solos, no contaban con el apoyo necesario.

Esto no solo incumple la norma de «un solo tema» de la Constitución estatal, sino que sienta un terrible precedente para los futuros presupuestos estatales y priva a la ciudadanía de la posibilidad de participar en nuestro proceso democrático.