Children’s Action Alliance aspira a un Arizona en el que todos los niños y todas las familias puedan prosperar. No podemos quedarnos callados ante la decisión tomada hoy por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de revocar la sentencia Roe contra Wade.
La decisión de hoy no acabará con el aborto en nuestro estado, al menos no para quienes cuentan con los medios necesarios. Sin embargo, impedirá que los habitantes de Arizona ejerzan su derecho a tomar decisiones informadas sobre su atención sanitaria, a mantener la autonomía sobre sus cuerpos y a elegir cuándo y cómo formar una familia.
El aborto es una cuestión de salud, y mucho más. El aborto es seguridad económica. Es una oportunidad de formarse. Es la posibilidad de planificar un futuro mejor. Sin esa opción, los habitantes de Arizona seguirán siendo víctimas de un sistema diseñado para beneficiar a quienes tienen recursos a costa de perjudicar a quienes carecen de ellos.
Durante más de tres décadas, la CAA ha defendido los intereses de los niños y las familias. Durante más de tres décadas, nuestros legisladores estatales han negado sistemáticamente a estas familias las herramientas necesarias para construir un futuro mejor. Rara vez ha habido algo «provida» o «profamilia» en la forma en que nuestro estado invierte sus recursos.
Desde la fundación de nuestra nación, las personas negras, indígenas y de color se han visto obligadas a luchar por el más básico de los derechos: el control sobre sus propios cuerpos. Desde la esclavitud y la colonización hasta el estudio de Tuskeegee y las esterilizaciones forzadas, pasando por las inaceptables tasas actuales de mortalidad materna entre las personas BIPOC, el Gobierno de los Estados Unidos y sus instituciones han mantenido la supremacía blanca mediante la restricción deliberada de los derechos reproductivos.
El estado de Arizona es igualmente cómplice de esta opresión.
Cada año, Arizona recibe millones de dólares federales del programa TANF. La mayoría de los estados utilizan estos fondos para ofrecer ayudas flexibles a las familias que tienen dificultades para pagar el alquiler, los servicios públicos, los pañales y los medicamentos. Sin embargo, solo una mínima parte de los fondos del TANF destinados a Arizona se invierte en garantizar que las familias tengan ropa, comida y un techo bajo el que vivir. Los pocos afortunados que reciben ayudas a través del programa se ven envueltos en trámites burocráticos y requisitos de información, y pierden el acceso a las ayudas tras solo dos años.
No es de extrañar, pues, que las familias de Arizona tengan dificultades para pagar el alquiler, poner comida en la mesa y cubrir las necesidades básicas. Y tampoco es de extrañar que el 92 % de los casos remitidos al DCS no se deban a maltrato físico o sexual, sino a negligencia: falta de vivienda, mala alimentación, cuidados infantiles inadecuados y necesidades médicas desatendidas.
Siete de cada diez niños negros del condado de Maricopa serán objeto de una investigación del DCS en algún momento de su infancia, y los padres negros tienen cuatro veces más probabilidades de que el Estado les retire la patria potestad. La prestación estándar del TANF en Arizona para una familia de cuatro miembros es de solo 335 dólares al mes; por el contrario, a los padres de acogida del estado se les paga una media de 700 dólares por niño al mes, lo que no incluye los costes adicionales que asume el estado cuando un niño entra en el sistema de acogida del DCS.
No debería sorprender que la gran mayoría de los cuidadores de acogida del estado sean blancos.
No es solo la falta de ayuda económica lo que impide a las familias de Arizona llevar una vida digna y permanecer unidas. La desigualdad está arraigada en nuestros sistemas sanitarios. Uno de cada cuatro niños indígenas de Arizona carece de seguro médico, a pesar de que tienen una probabilidad desproporcionadamente alta de cumplir los requisitos para acceder a AHCCCS o KidsCare; aunque se supone que siglos de tratados garantizan a los miembros de las tribus el acceso a la asistencia sanitaria, el Gobierno de los Estados Unidos nunca ha financiado adecuadamente el Servicio de Salud Indígena ni otros programas sanitarios tribales. Como era de esperar, las personas indígenas de Arizona tienen casi cuatro veces más probabilidades de morir durante el embarazo o en el año posterior al mismo. A pesar de que es más probable que trabajen todo el año, los hogares latinos tienen menos probabilidades de tener acceso a una cobertura sanitaria patrocinada por la empresa. Los niños negros y latinos son más propensos a padecer enfermedades crónicas como el asma, pero tienen menos probabilidades de acceder a la atención preventiva que les permita evitar el hospital y evitar las deudas médicas.
La decisión de hoy nos recuerda por qué es tan importante que los habitantes de Arizona elijan, en todos los niveles, a líderes que den prioridad a la asistencia sanitaria, las ayudas económicas y la justicia reproductiva.
