La aprobación del proyecto de ley SB 1050 es un primer paso para replantearse el abandono
La aprobación del proyecto de ley SB 1050 es un primer paso para replantearse el concepto de negligencia: para prevenir el maltrato infantil, Arizona debe replantearse tanto cómo define la negligencia como la forma en que responde ante ella.
Al sustituir una palabra, el proyecto de ley del Senado 1050 (Townsend) introdujo un cambio pequeño pero significativo en la forma en que el estado define el abandono infantil. Para que se declare el abandono, ahora es necesario que la incapacidad o la falta de voluntad de un progenitor para proporcionar supervisión, alimentación, ropa, alojamiento o atención médica cause un riesgo sustancial de daño para la salud o el bienestar del niño, en lugar de un simple riesgo irrazonable . Aunque el cambio es sutil y puede tener un impacto inmediato limitado, supone un importante reconocimiento de que los niños no deben ser separados de sus padres solo por el hecho de ser pobres. O, al menos, un reconocimiento de que ha llegado el momento de que Arizona reconsidere el uso del acogimiento familiar como respuesta al abandono infantil relacionado con la pobreza.
Cada año, la línea de atención telefónica de Arizona dedicada al maltrato y el abandono infantil recibe más de 75 000 denuncias por maltrato infantil. El 92 % de ellas se refieren a casos de abandono.1 Entre los niños en acogida, el abandono se cita como una de las razones para la separación familiar en el 87 % de los casos.2 Gran parte de lo que el sistema de protección infantil considera «descuido» tiene su origen en la pobreza. Las investigaciones muestran que las familias que sufren factores de estrés relacionados con la pobreza, como la inseguridad de los ingresos, la inestabilidad de la vivienda y la inseguridad alimentaria, son más propensas a entrar en contacto con el sistema de protección infantil.3 En el caso de las familias de color, el racismo sistémico agrava esos retos, lo que hace que los servicios de protección infantil se fijen en ellas en proporciones desproporcionadamente altas.4
Cada vez son más los estudios que demuestran que, cuando se aborda la seguridad económica de las familias mediante ayudas fiscales, disminuyen los casos de negligencia y la intervención de los servicios de protección de la infancia. Estudios recientes han revelado que:
- Un aumento de 1 dólar en salario mínimo se asocia con una disminución del 10,9 % en las denuncias de negligencia que afectan a niños pequeños.
- Ayudas estatales más generosas de cupones de alimentos dan lugar tanto a un menor número de denuncias de maltrato infantil como a un menor uso del acogimiento familiar. Por cada aumento del 5 % en la inscripción de familias con bajos ingresos, el número de niños en acogida se redujo entre un 7,6 % y un 14,3 %.
- Los programas federales de Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo (EITC) y de Crédito Tributario por Hijos (CTC) se asocian con reducciones inmediatas en las denuncias de maltrato infantil. Por cada 1.000 dólares adicionales en devoluciones fiscales del EITC y el CTC por niño, las tasas estatales de denuncias de maltrato infantil disminuyeron un 5 % en la semana del pago de la devolución y en las cuatro semanas siguientes.
- Un aumento del 10 % en crédito fiscal estatal por ingresos del trabajo (que se ofrece en 29 estados además del crédito federal) da lugar a una disminución del 9 % en las denuncias por negligencia.
En su publicación de 2015, «The ‘Neglect of Neglect’», el Instituto Morrison de Políticas Públicas de la ASU instó a Arizona a definir el abandono de forma más clara para poder abordarlo con mayor eficacia, proponiendo:
«Los responsables políticos y los investigadores deben preguntarse: ¿un niño no come lo suficiente porque sus padres son negligentes o porque la familia no tiene dinero suficiente para comprar comida? El esfuerzo por proteger a los niños no puede incluir castigar a las familias por ser pobres».
Si bien no cabe duda de que el abandono puede causar un daño grave y duradero a los niños, especialmente a los más pequeños, hay que cuestionar la decisión política de responder al abandono relacionado con la pobreza mediante la separación familiar a través del sistema de acogida. Arizona debe replantearse el concepto de abandono y la forma en que respondemos ante él y, lo que es más importante, cómo podemos prevenirlo invirtiendo en el bienestar económico de las familias. La aprobación del proyecto de ley SB 1050 es un buen primer paso.
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